La Plataforma Unitaria Democrática (PUD) aseguró este martes que la “minoría de migrantes venezolanos” que cometieron presuntos delitos, deben asumir las “consecuencias legales” de ello, siempre y cuando se “demuestre su culpabilidad”.
En un comunicado, la coalición se refirió específicamente al caso de los venezolanos enviados a El Salvador desde EE. UU.
“Con respecto a una minoría de venezolanos migrantes, que presuntamente han podido cometer delitos en los países donde se encuentran, les corresponderá asumir las consecuencias legales de sus actos, de comprobarse su culpabilidad; siempre en el marco del debido proceso, con pleno respeto a los derechos humanos y al derecho internacional”, expresó la PUD en la misiva.
De igual forma, la bancada opositora recalcó que a los presos no se les debe considerar como “mercancía de canje” en los países donde habrían cometido delitos.
El antichavismo cita las normas procesales vigentes. Con base en ello, precisan que estas personas “deberían haber sido debidamente condenadas por delitos en los Estados Unidos”. Además, su traslado debería responder “al cumplimiento de penas privativas de libertad en el marco de acuerdos internacionales entre ambos países”.
“La cooperación en materia de justicia y seguridad entre naciones debe garantizar que estos procedimientos se realicen con apego a las disposiciones legales y bajo los principios del Estado de derecho”, demandó la PUD.
En todo caso, la Plataforma Unitaria dijo que alza su voz en defensa de «millones de compatriotas de bien». Al mismo tiempo, recalca que el venezolano es “ejemplo de trabajo, de honestidad y de resiliencia”. Por ende, reiteran la necesidad de “diferenciar a los millones de venezolanos” honestos, de aquellos pocos que han “incurrido en actividades delictivas”.
Alerta de viaje
Por su parte, la Cancillería de Venezuela emitió el lunes una alerta de viaje para ciudadanos venezolanos que planeen ir a EE. UU. por los “riesgos y condiciones” que podrían enfrentar en dicho país.
En un comunicado difundido en Telegram, el Ministerio de Relaciones Exteriores advirtió que, en los últimos meses, se ha observado un aumento en “las medidas arbitrarias de control migratorio” en esa nación. También en las “políticas de hostigamiento contra venezolanos y venezolanas”.
“Se han documentado casos de detenciones arbitrarias, deportaciones sin causa, confiscación de bienes y documentos, así como tratos discriminatorios y vejatorios por parte de las autoridades estadounidenses”.
De acuerdo con la cartera, estas acciones incluyen encarcelamientos “sin debido proceso” y “secuestros en cárceles de terceros países”, violando “claramente los derechos humanos”.
“Además, se recomienda a quienes residen o transitan por EE. UU. extremar precauciones debido al incremento de incidentes violentos y a la implementación de normativas que restringen derechos fundamentales, lo que podría comprometer su seguridad y bienestar”, aconsejaron las autoridades venezolanas.
EE. UU. defiende el envío de migrantes a El Salvador
Pese a tal contexto, la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, afirmó lunes que el Gobierno de Estados Unidos no tiene dudas de que los migrantes enviados a El Salvador son “miembros” del Tren de Aragua.
La funcionaria aseguró que los organismos de seguridad verificaron las identidades de las personas “expulsadas” del territorio estadounidense, puntualizando que todos eran una “amenaza” para la nación.
«Puedo asegurar que la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, el ICE y el Departamento de Seguridad Nacional están seguros de las identidades de las personas que iban en esos aviones y de la amenaza que representan para nuestra patria. Estos son monstruos atroces, violadores, asesinos, secuestradores, agresores sexuales, depredadores que no tienen derecho a estar en este país y deben rendir cuentas y algo diferente», respondió a una consulta de uno de los periodistas.
Entre tanto, Marco Rubio, mencionó que la administración tiene “mucha certeza” de que cada uno de los connacionales expulsados son “delincuentes” de la megabanda. Sin embargo, recalcó que “si resulta que uno de ellos no lo es, entonces simplemente está ilegalmente en nuestro país, y los salvadoreños pueden deportarlo a Venezuela”.